En memoria de Clotario Blest Riffo (1899-1990)
Somos una franja de constructores populares, quienes haciéndonos parte de las luchas del magisterio, hemos visto la necesidad de pronunciarnos y de comunicarnos activamente con todos los trabajadores que desempeñan algún tipo de servicio al Estado de Chile.
Partiendo de esta base, podemos decir que:
1- El sector público bajo el alero de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), es la responsable de dirigir la negociación de nuestra fuerza de trabajo. El sector publico representa un universo aproximado de 600.000 mil personas, de las cuales un porcentaje minoritario está contratada directamente y con plazo indefinido por el Estado. El resto de los trabajadores, o bien nos encontramos a contrata (plazo fijo), o a honorarios, o bien hemos pasado a ser contratados por un tercero, aunque en definitiva, sigamos trabajando para el Estado. El efecto de ésta diversidad de figuras contractuales es la pérdida de la estabilidad laboral, con la caída sucesiva y sustancial de nuestras remuneraciones.
3- El presupuesto fiscal, del cual se desprenden las diversas prestaciones sociales y nuestros salarios, es particularmente limitado e insuficiente. Para el año 2010 solo será de un 4,3%, el más bajo en 7 años, reflejando con ello, el deterioro creciente de nuestras condiciones sociales de vida, mediante la reducción de fondos de inversión hacia los servicios sociales básicos (vivienda, salud y educación). Como también el deterioro de nuestras condiciones laborales.
4- Aun así, la negociación del sector público, a diferencia de la gran mayoría de asalariados de este país, empleados en el sector privado, es la única negociación que de hecho es una negociación ramal o de área económica, que vincula y agrupa a todos los asalariados empleados del Estado de Chile, en un solo cuerpo nacional, lo que es un ejemplo a seguir por los demás sectores de trabajadores, hoy fragmentados y divididos en cientos de sindicatos de empresa esparcidos por el largo y delgado territorio del país.
5- Asumiendo esta realidad, y tal como ha sido históricamente, los trabajadores y empleados fiscales debemos comenzar a disponer la energía y esfuerzo colectivo para superar el actual estado de inmovilización y estancamiento social y político de los trabajadores, lo cual se expresa en la ausencia momentánea de organizaciones gremiales combativas y resueltas en sus posiciones y prácticas. La lucha y organización del sector público debe ser un ejemplo a promover de forma activa, debemos socializar nuestra experiencia y contagiar a los demás sectores de trabajadores para la conquista efectiva y posible de negociaciones colectivas de envergadura nacional, conquistando beneficios vinculantes para los trabajadores del norte, centro y sur del país.
6- Esta necesidad debe constituir y guiar –por el momento- los esfuerzos políticos de las franjas más activas y comprometidas del movimiento popular. Por el momento, se hace urgente conquistar un reajuste digno, que no surja de ilegítimos indicadores macroeconómicos como el IPC, sino al contrario que surja del contexto del Chile-actual, y por lo tanto de la realidad de las remuneraciones y de los contratos laborales vigentes.
7- En este sentido, las movilizaciones que se generen al calor del reajuste, deben contemplar la caída estrepitosa de nuestros fondos de pensiones, que acumula hasta la fecha la pérdida de 20 mil millones de dólares, cifra que equivale a pagar durante un año completo el sueldo mínimo a 6 millones de personas. También debe contemplar los ingresos del fisco con el alto precio del cobre (3 US $ la libra), y por ultimo debe entenderse dos elementos esenciales: primero, que ninguna negociación anterior ha dado cuenta de la inflación acumulada real, lo que ha encarecido brutalmente el costo de la vida, y por ende, esta negociación debe reparar por medio del aumento del 10% (IPC) la capacidad de consumo perdida. Finalmente, si queremos efectivamente avanzar, debemos plantear decididamente mayores derechos, como son la conquista de estabilidad y sustento laboral, la exigencia de carrera funcionaria digna, y el derecho a sindicalización o asociación única y nacional para todos los trabajadores públicos de Chile.
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