Decenas de
dirigentes sindicales provenientes de todo el país, agrupados en la Unión
Portuaria de Chile, organización representativa de dicho sector, dieron a
conocer este miércoles 20 de junio en el Congreso en Valparaíso un ultimátum
al gobierno exigiendo una solución a sus demandas. En caso de no tener solución
para el próximo 1º de julio los trabajadores anunciaron una radicalización en
las movilizaciones.
Tras una reunión
con parlamentarios de oposición, los dirigentes portuarios denunciaron los
intentos del gobierno -en especial de la ministra del Trabajo Evelyn Matthei-, de desconocer tanto a la mesa de trabajo
instalada como a la Unión Portuaria como organización representativa. En este
sentido, afirmaron que la ministra negoció con Sergio Baeza, miembro de la
Confederación de Trabajadores Marítimos Portuarios (Cotraporchi), que ni
siquiera es representativo de los trabajadores de la ciudad de Valparaíso,
donde está situada. Asimismo, dieron a conocer que el mismo gobierno junto a
empresas de muellaje le pagaron al mismo dirigente un viaje a Ginebra como
“legítimo representante” de los trabajadores del sector.
Entre los
acuerdos que el gobierno había tomado con la Unión Portuaria se encontraban
las pensiones convenidas en San Antonio y Talcahuano, y que el Estado “no se
desentienda de las innumerables faltas laborales cometidas en los distintos
terminales, las que nunca han sido fiscalizadas a pesar del conocimiento de las
autoridades”, como señala la declaración pública emitida.
Otras demandas
son la devolución de un impuesto a la renta indebidamente cobrado y la remisión
de las faltas que las empresas cometieron al descontar montos ilegítimos a los
sueldos, luego de la publicación de la ley 18.032 en 1981, sumado a la mejora
de las condiciones laborales básicas, que tienen incluso a trabajadores de
algunos puertos del sur sin baño, y a ciertos terminales en el norte amenazados para que sus trabajadores no participen en la Unión Portuaria, incurriendo incluso en la elaboración de
listas negras.
Los trabajadores
portuarios se encontraron en todo momento acompañados por dirigentes
estudiantiles de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Chile. Felipe
Ramírez -Secretario General de la FECh-, afirmó que “tal como estuvimos con los
compañeros durante su paro de 48 horas en febrero, en su Congreso Nacional en
Coquimbo y cuando los acompañamos a La Moneda hace un tiempo, estamos hoy
respaldándolos en sus demandas y en su exigencia al diálogo. Sabemos que han
agotado todas las instancias para conversar y si el paro nacional se hace
efectivo, estaremos nuevamente junto a ellos”.
Finalmente, la
Unión Portuaria de Chile aseguró que son organizaciones de diálogo y que no
buscan el conflicto, sabiendo que responsablemente representan a miles de
trabajadores y sus familias, y que el gobierno y el Ministerio del Trabajo
arbitrariamente destruyó las ilusiones de una solución al cerrar abruptamente
la mesa de trabajo conjunta, mientras que el Estado es generoso a destajo con
empresas como Johnson, La Polar y Cencosud, entre otras.
Vale recordar
cómo la justicia durante los últimos días, ha dado muestras claras de su
preferencia hacia los poderosos al permitir que un ex ejecutivo de La Polar
disfrute de su pena carcelaria en su fundo en el sur, o que un sobrino de
Hernán Larraín, culpable de narcotráfico, tenga 5 años de libertad vigilada,
mientras el estudiante Pedro Quezada Neculmán continúa preso en Valparaíso sin
que existan pruebas que demuestren su culpabilidad.
Por lo mismo, se
establece la fecha del 1 de julio como tope del plazo para que el gobierno
retome el diálogo y demuestre su disposición a buscar soluciones para el
sector. De lo contrario, los trabajadores portuarios del país se verán obligados
a tomar medidas de presión.
La Batalla de
Los Trabajadores
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